miércoles, 30 de noviembre de 2011

Los indios Miccosukee demandan a su antiguo abogado Dexter Lehtinen.


 En amarescente divorción finaliza una relación de años con los indios Miccosukee que han acusado a su antiguo abogado, Dexter Lehtinen, de negligencia cuando aconsejó a la tribu en materia de impuestos sobre ingresos derivados de cientos de millones en ganancias del juego.

 La tribu confirmo que pagó a Lehtinen $50 millones como consejero en las últimas dos décadas, y que por su consejo ha llevado a los Miccosukee a un problema de gran legal  tamaño con el Servicio de Rentas Internas.


  La tribu, busca el estatus de demanda colectiva a la acción judicial presentada el lunes en la Corte de Circuito de Miami-Dade, afirma que la “tergiversación negligente” del abogado Dexter Lehtinen condujo a unos 250 miembros a evaluaciones, intereses y penalidades de impuestos “en los millones de dólares”.
 La demanda podría crecer. La tribu del oeste de Miami-Dade tiene alrededor de 600 miembros, incluidos los menores.
 Lehtinen, ex fiscal federal en el sur de Florida, cuya esposa es la representante federal Ileana Ros-Lehtinen, republicana de Miami, declaró que “no hay base” para la demanda de la tribu por negligencia.

 Lehtinen, representaba a la tribu en materia ambiental, fue despedido en mayo del 2010 por un nuevo Consejo Tribal Miccosukee encabezado por Colley Billie, quien reemplazó a Billy Cypress, su presidente durante largo tiempo. El propio Cypress ha sido demandado por el IRS por no declarar y no pagar millones de dólares en impuestos atrasados, 

 Como nación soberana, la tribu como entidad no está sujeta a impuestos, aunque sus miembros tienen que pagar impuestos sobre la renta de la tribu o cualquier otra fuente, incluyendo las distribuciones de las operaciones de los juegos de azar de los indios, indicaron varios expertos legales.

 Los Miccosukees han mantenido en secreto sus ingresos del juego y la forma en que distribuyen los beneficios a los miembros de la tribu, evadiendo incluso una ley regulatoria que los obliga a presentar un plan de distribución ante la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos.

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