Las medidas, que pretenden castigar a la República Islámica por su programa nuclear, fueron incluidas en una propuesta de ley de defensa de 662.000 millones de dólares, que según las autoridades estadounidenses fue firmada por Obama a pesar de que el mandatario tiene “fuertes reservas” sobre algunas de sus disposiciones.
Las compañías extranjeras deberán elegir entre hacer negocios con el banco central y el sector financiero y petrolero de Irán o con Estados Unidos.
Los bancos centrales extranjeros que negocian con el banco central de Irán en transacciones de petróleo podrían enfrentarse a similares restricciones bajo la nueva ley.
Obama manifestó en un comunicado publicado cuando promulgó la ley su preocupación de que ésta interfiera con su autoridad constitucional para llevar a cabo tratos con gobiernos extranjeros, al atar su capacidad de maniobra.
La propuesta de ley, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, reserva un pequeño espacio de actuación para Obama, al concederle un plazo de 120 días para denunciar el acuerdo.
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