Durante años el agente de bienes raíces Cliff Popper argumentó más de una vez en su defensa que no era más que un chivo espiatorio de la crisis de préstamos de segunda categoría que atraviesa en la actualidad el país. Popper dijo que quienes lo acusaban eran los ambiciosos reguladores que no hicieron su trabajo para controlar a la volátil industria de inversiones.
El carismático empresario del sur de la Florida, que llegó a estar en la cúspide del auge inmobiliario al popularizar el empleo de arriesgadas inversiones en hipotecas, se defendió a sí mismo en el juicio federal por fraude que tuvo lugar el noviembre del año pasado en West Palm Beach.
La muerte del ostentoso corredor de bienes raíces que se convirtió en un símbolo de la locura provocada por el boom inmobiliario es el último capítulo en el caso que el gobierno federal armó contra él y otros acusados por haberse apoderado de las finanzas de los inversionistas, un caso que ejemplifica como pocos la crisis económica que enfrenta el país.
Popper que tenía gustos caros, conducía un BMW Z8, atendía a sus clientes en un palco de lujo en el Sun Life Stadium y tenía un condominio de $2.4 millones en South Beach.
Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar en junio del 2007 cuando el mercado de préstamos de segunda categoría empezó a decaer, y fue seguido por un estruendoso desplome de los valores basados en los mencionados préstamos. Algunos inversionistas solicitaron préstamos de 90 por ciento de sus inversiones totales.
En medio del desmoronamiento, Popper no sólo perdió su trabajo, sino también fue despojado de su licencia como corredor de bienes raíces. Dos años más tarde, la SEC lo acusó a él y a otras nueve personas de fraude civil, tras argumentar que falsearon la naturaleza de las inversiones para convencer a sus clientes que les confiaran su dinero.
En julio del 2009, Popper se declaró en bancarrota.
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